El presidente Luis Abinader estableció este jueves el “Programa de Cumplimiento Regulatorio en las Contrataciones Públicas en la República Dominicana”, a fin de crear mejores niveles de transparencia en la administración pública.
La medida fue establecida mediantel decreto número 36-21, donde también se detalló que el programa serviría para “garantizar una mayor eficiencia y efectividad en el uso de los fondos públicos”.
Igualmente, el desarrollo, e implementación, del programa estarán bajo la supervisión de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), entidad que tendrá la responsabilidad de coordinar una mesa técnica para así mejorar la efectividad del referido plan.
Según la ordenanza gubernamental el grupo será compuesto por la DGCP, la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), la Unidad de Análisis Financiero, el Ministerio de Administración Pública, el Instituto Dominicano para la Calidad (Indocal) y otras instituciones afines.
Asimismo, el plan regulatorio será compuesto por varias partes, como la normalización de procesos; gestión de riesgos; debida diligencia pública; controles financieros y no financieros; canales de denuncias; códigos de conducta; auditorías internas, y certificación de unidades de compra.
Otro compromiso de la DGCP es crear un comité nacional de oficiales de cumplimiento público, que agrupe a los oficiales de todos los órganos del Estado. Las atribuciones, rol y perfil serán definidos por la misma DGCP en su calidad de coordinadora nacional del comité.
Similarmente designará un equipo técnico que le asista en ejecución del programa, así como supervisar la legitimización de la posición del oficial de cumplimiento público, la cual será definida mediante resolución de la DGCP.
Este decreto estableció, además, que la implementación del plan regulatorio conllevará la promoción de estándares mínimos de cumplimientos para todos los integrantes del Sistema Nacional de Contratación Pública.
Otro de los aspectos tocados en el documento es que el programa será sometido a los estándares internacionales ISO de gestión de cumplimiento, con el objetivo de prevenir las irregularidades en instituciones públicas.